Aprobada la nueva Ley de Función Pública Valenciana con la enmienda que propusimos desde el COEESCV, reconociendo así el requisito de la titulación para el desempeño de la Educación Social en la función pública.
Hoy es un gran día para todas las personas profesionales de la Educación Social en la Comunitat Valenciana. Por fin se ha aprobado la enmienda del requisito de titulación oficial para ejercer la profesión en el ámbito de la función pública. Mucho trabajo, reuniones y reivindicaciones han servido para aprobar la propuesta realizada por el COEESCV, incluida en la nueva Ley de Función Pública.
En la enmienda se reivindica la necesidad del requisito para el acceso a una plaza de Educación Social de la acreditación del título de diplomatura en Educación Social, o grado universitario en Educación Social, o la habilitación profesional reconocida por el supuesto de la letra b de la disposición adicional única de la Ley 15/2003, de 24 de noviembre, de la Generalitat, de creación del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana.
Parece obvio que para ejercer una profesión se debe tener una titulación o preparación certificada para su desempeño. Sin embargo, hasta ahora no era necesario poseerla para desarrollar la Educación Social en la función pública, lo que resultaría impensable para cualquier otro cargo.
Además, cabe destacar que la Educación Social trabaja con personas, para desarrollar acciones de intervención y mediación socioeducativa en diferentes escenarios que favorezca la integración de individuos y colectivos, así como impulsar el bienestar social.
Recordemos que nuestra figura profesional está presente en el sistema educativo desde hace 24 años, con más de 3.500 personas tituladas, entre la diplomatura anterior y el grado actual, tanto de universidades públicas como privadas de la Comunidad Valenciana, así como un alto número de profesionales habilitados.
Con la aprobación de esta nueva Ley de Función Pública se reconoce una profesión importante para la ciudadanía, tal como ya venía reconociéndose en la Ley 26/2018 de 21 de diciembre, de Derechos y garantías de la Infancia y la Adolescencia, y en la Ley 3/2019 de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos.
Estamos al lado de las personas que se encuentran en el límite de la sociedad o en riesgo de estarlo. Con nuestra profesionalidad creamos oportunidades y apoyamos al desarrollo de acciones que vayan en esta línea. Mientras desde el Colegio Profesional continuamos reivindicando esta importancia.
