El COEESCV y Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana lanzan un comunicado conjunto mostrando el rechazo a la polémica creada en torno a los centros de protección de Infancia y Adolescencia y las acusaciones en las que se pone en tela de juicio el trabajo de los y las profesionales del sistema de protección.
COMUNICADO CONJUNTO
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
COLEGIO OFICIAL DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
València, 18 de enero de 2022
Desde el Colegio Oficial de Psicología de la CV y el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la CV queremos comunicar lo siguiente:
- Como personas profesionales comprometidas con la infancia y la adolescencia, trabajamos para garantizar los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, así como su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia.
- Nos ampara la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, que nos dota de un marco legislativo para poder hacerlo de manera adecuada.
- Tenemos grandes profesionales de la Psicología y de la Educación Social trabajando a diario con la infancia y adolescencia, detectando y poniendo solución a las situaciones en las que niños, niñas y adolescentes puedan estar en riesgo de sufrir violencia y abusos.
- Los Colegios profesionales que trabajamos en Infancia y Adolescencia y de manera interdisciplinar, conjuntamente con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, diseñamos y llevamos a cabo desde hace 5 años, una formación sobre distintos temas como: el buen trato, la educación en valores, la prevención de la violencia de género, la igualdad, la prevención de las conductas de riesgo, etc. en la que participan la mayoría de los y las profesionales de la Comunidad Valenciana.
- Desde los Colegios profesionales se defiende la colegiación como garante de buenas prácticas y de cumplimiento de un código deontológico.
Por todo ello, mostramos nuestro rechazo a la polémica creada en torno a los centros de protección de Infancia y Adolescencia y las acusaciones en las que se pone en tela de juicio el trabajo de los y las profesionales del sistema de protección, creándose una alarma social que en ningún caso beneficia al interés superior de los niños, las niñas y adolescentes; más bien contribuye a que su situación de vulnerabilidad sea aún mayor.