Año tras año, desde su primera aplicación en 2012, el Índice DEC viene poniendo cifras a lo que era y es una evidencia palpable: la extraordinaria diversidad de esfuerzos, cobertura y derechos garantizados.
Unas diferencias que constituyen una violación de la igualdad consagrada en al art. 9.2 de la Constitución y que impele a los poderes públicos a actuar conforme al artículo 149.1 1ª, regulando las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos.
