En el marco del 1 de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras, las y los profesionales de la Educación Social alzamos la voz para reivindicar unas condiciones laborales dignas y una atención de calidad para la ciudadanía.
Nuestra labor es esencial para la cohesión social, la protección de la infancia y la adolescencia, y el acompañamiento socioeducativo de personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, seguimos desarrollando nuestra intervención en condiciones que comprometen tanto la calidad del servicio como nuestra propia seguridad.
Por ello, manifestamos:
Es imprescindible mejorar la atención a la ciudadanía mediante la disminución de ratios que permitan intervenciones de calidad. En los recursos de protección, acogimiento residencial, centros socioeducativos o de reforma, exigimos un máximo de tres niños, niñas y adolescentes (NNA) por cada profesional. Esta medida debe extenderse al conjunto de ámbitos de la intervención social, donde la sobrecarga y la precariedad son una constante.
Reclamamos que los puestos de trabajo sean ocupados por profesionales cualificados, evitando el intrusismo y garantizando una atención especializada y rigurosa.
Exigimos el reconocimiento de las profesionales de la intervención social como figura de autoridad en el ejercicio de sus funciones, como garantía de protección tanto para los equipos como para las personas usuarias.
Defendemos un modelo basado en el trabajo en equipo y la seguridad laboral, donde ninguna profesional deba desempeñar su labor en solitario. Cada turno debe contar con el número suficiente de profesionales, ajustado al volumen y complejidad de la intervención.
Reivindicamos salarios dignos, acordes al nivel de responsabilidad y cualificación, así como la clasificación en el grupo A1 como tituladas universitarias.
Es urgente garantizar condiciones laborales seguras y adecuadas, con medidas de prevención de riesgos adaptadas a la realidad de cada ámbito de intervención.
Demandamos la revisión y actualización de los protocolos ante situaciones de violencia, asegurando respuestas eficaces, coordinadas y respetuosas con los derechos de todas las personas implicadas.
Reclamamos una mejor coordinación interdepartamental, que evite la fragmentación de la atención y mejore la eficacia de las intervenciones.
Consideramos fundamental la implementación de planes de formación continua, que permitan a las y los profesionales actualizar sus competencias y mejorar la calidad del servicio.
Finalmente, exigimos el reconocimiento de la esencialidad de los Servicios Sociales y de las profesionales que los sostienen, como pilar fundamental del Estado de bienestar.
Hoy, 1 de mayo, reivindicamos no solo nuestros derechos laborales, sino también el derecho de la ciudadanía a recibir una atención social digna, profesional y de calidad.
Porque cuidar a quienes más lo necesitan no puede hacerse desde la precariedad.
MANIFIESTO ADJUNTO
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 Manifiesto 1 mayo COEESCV.pdf |
